La asociación de vecinos de Marxalenes descubrió que una finca del barrio llevaba 17 años abandonada por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y medió para que Vivienda se hiciera con los pisos y los pusiera en alquiler asequible
Al lado de las vías de la línea 4 del tranvía en València hay una finca que tiembla por culpa del tren. Allí, en el barrio de Marxalenes, residen 12 familias en viviendas sociales. Una es la de Raquel, Salem y sus dos niñas, que han encontrado estabilidad después de muchos años y muchos intentos de desalojo, pese a que ella trabaja para sacar adelante a la familia. Las chiquillas van al colegio del barrio de al lado y por fin pueden decir que viven tranquilos. No es poco para la vida de Raquel y Salem. Vivir tranquilos y con un alquiler que poder pagar sin muchos agobios.
Lo que ambos no saben es que hasta hace bien poco nadie contaba con esas casas de 50 m2 construidas en una finca que tiembla por el paso del tranvía. Los pisos estuvieron abandonados durante más de 17 años, en algún papel perdido por edificios de la administración. Hasta que llegaron Paco Llamas, Carmen Berlanga, y los jubilados de la asociación de vecinos de Marxalenes para alquilar el bajo. Ellos rescataron las 12 casas del olvido para darle un uso social. Removieron cielo, tierra, y dos consellerias para conseguir vivienda a 12 familias vulnerables de la ciudad. «No puede haber casas vacías cuando tanta gente las necesita«, denuncian.
La finca estaba ahí antes que las vías. El edificio es de los años 60 y los hierros empezaron a plantarse en los 90. Las vibraciones cada vez que pasaba el tren empezaron a hacer invivible el lugar para los vecinos, que elevaron quejas a la Generalitat a principios de los 2000. «Una vecina me llegó a enseñar como se caían hasta cuadros y muebles algunas veces por la vibración«, dice Carmen Berlanga. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ofreció comprar todas las casas por las molestias, y se hizo con 12 de las 24 viviendas en el año 2002 por una media de 40.000 euros por casa. «El resto de vecinos decidieron ir con abogados porque les parecía poco dinero, pero les dijeron que pagarían igual a todo el mundo así que no las vendieron», dice Carmen. Y se quedaron. Con el tiempo, las mejoras tecnológicas y la decisión de aminorar la velocidad en esa curva, las vibraciones se han reducido mucho.
Las casas se compraron en el año 2002, y hasta el 2019 estuvieron vacías y abandonadas. Fuentes de FGV cuentan que en un principio intentaron subastarlas, pero nadie pujó y quedaron vacías. Así estuvieron década y media, hasta que la asociación de vecinos se estableció en el bajo en el 2012 y vieron que firmaban un contrato de alquiler con la empresa pública de ferrocarriles. Con el tiempo supieron de todas las viviendas vacías que estaban en malas condiciones y abandonadas. «Son pisos de dos habitaciones pequeños, pero es mucho mejor eso que nada y hay mucha necesidad de vivienda«, dice Llamas.
Ferrocarrils de la Generalitat compró las viviendas en 2002 pero, al no poder subastarlas, las dejó vacías hasta el año 2019
Y se decidieron a arreglar esa injusticia. Los primeros años el gobierno del Partido Popular hizo caso omiso a sus peticiones y a penas lograron reunirse con alguien. A la llegada del Govern del Botànic, con una conselleria de vivienda en manos de Unides Podem cuya principal apuesta ha sido la ampliación del parque público de vivienda, sí que se le abrieron algunas puertas. Se reunieron con el entonces conseller Rubén Martínez Dalmau para trasladar sus reivindicaciones, alertaron a Patrimonio de la existencia de esta finca pública y el resultado fue que en mayo de 2019 FGV cedió gratuitamente las casas a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), responsable del parque público. En septiembre de 2020, tras varias visitas al edificio, empezaron las obras, y a finales de 2021 las familias ya estaban viviendo allí. De 37.500 a 15.000 viviendas: dos décadas de desmantelamiento del parque público
Viviendas y solares olvidados
Alberto Aznar era director del EVHA entonces y explica que «siempre estábamos en contacto con Patrimonio para preguntarles si tenían cualquier cosa que pudiéramos hacer habitable, no solo viviendas, sino algún solar que nos pudiera interesar para ampliar el parque público de vivienda. Normalmente son casas que llevan muchos años abandonadas y hace falta mucha rehabilitación«, explica Aznar, actualmente gerente del Aumsa (parque público de la ciudad de València).
Antes y ahora son conscientes de que «siguen habiendo muchos pisos de peones camineros, casas de maestros u otras propiedades o solares que la Generalitat no tiene identificadas por algún motivo como este caso, por ejemplo. Estamos muy atentos y seguimos intentando rescatarlas para darles un nuevo uso», remarca Aznar.
«La verdad es que no hay ningún problema con los vecinos nuevos, sabemos que son gente vulnerable y estamos encantados con ellos«, asegura Llamas. Añade además que el contrato del inmueble de la asociación de vecinos se puede romper en caso de que haya alguna persona con necesidad de vivienda, y avisando con antelación. Más de 4.300 familias están en lista de espera para una vivienda pública
Remarcan que están «muy orgullosos» tras lo sucedido y que «ese es el trabajo de una asociación de vecinos, velar por el bienestar de la gente del barrio. Y no se pueden tener tantas viviendas vacías si hay gente que no tiene», dicen.
Para ellos es importante que «la gente tiene que enterarse de que esto ha salido por el empuje y la insistencia de los vecinos. Porque una asociación de vecinos no es cualquier cosa, es un brazo más de la administración. Nosotros les ayudamos en todo y les proponemos soluciones a los fallos que vemos en el barrio. Animamos a la gente a que participe, porque los concejales y sus asesores no llegan a todo, nos necesitan a las asociaciones», explica Llamas.
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